Problema social. INC estima que se han ocupado 150 sitios arqueológicos. Mafias de traficantes de terrenos y varias municipalidades han perjudicado hectáreas de terrenos declaradas intangibles y patrimonio cultural.
Luis Neyra O.
Lima, al igual que otras ciudades del país, cuenta con un impresionante listado de zonas arqueológicas que ha ayudado, y sigue haciéndolo, a ampliar el conocimiento de que tienen las personas sobre las civilizaciones que poblaron esta parte del país.
Sin embargo, estos sitios, lejos de ser respetados y cuidados, se han convertido en un estorbo para algunas municipalidades y en la caja registradora de algunas mafias que trafican terrenos.
Veamos por qué. Según el Instituto Nacional de Cultura (INC), en la región Lima hay alrededor de 217 sitios arqueológicos declarados patrimonios culturales de la nación y muchos de ellos, alrededor de 150, están invadidos.
Para poner algunos ejemplos tenemos la zona arqueológica de Puruchuco-Huaquerones, en donde se ha construido dos canchitas de fulbito en el borde y dentro de la zona intangible y otra en plena estructura arquitectónica.
Y en el sector de Mangomarca, etapa B, la municipalidad de San Juan de Lurigancho insiste en construir un parque en plena zona arqueológica. También en Pachacámac, mafias que venden terrenos ofertaban lotes hasta en Semana Santa, sobre un 20% del área intangible. Y en la reserva arqueológica de Canto Grande, ubicada en el anexo 22 de Jicamarca (SJL), se han lotizado mil hectáreas sin autorización del INC.
“Ya ha desaparecido al menos un geoglifo que todavía existía el 9 de julio último... Hoy está arrasado y en él ubicaron 4 lotes”, señala Blanca Alva, directora de Defensa del Patrimonio Nacional del INC.
Según la funcionaria, lo que pasa en Lima es solo un triste ejemplo de lo que ocurre en otras zonas del el país. “Todas las zonas arqueológicas tienen el riesgo de ser invadidas”, advirtió .
Ante ello señaló: “Los más de seis mil sitios declarados como patrimonio cultural de la nación en todo el país, y aquellos que faltan declarar –entre 8 mil a 10 mil complejos y sitios arqueológicos–, están en constante riesgo”.
Al ser consultada sobre las medidas que el INC adoptó para recuperar estas tierras, Alva señaló que se ha cursado una denuncia ante el Ministerio Público por cada sitio invadido. No obstante, la funcionaria admitió que el principal problema es identificar a los infractores que se escudan tras el anonimato de la multitud. “Si no se dan nombres, DNI y direcciones, el proceso se archiva antes de pasar al juez”, lamentó.
Datos
mateo salado. Fue invadida hace más de 20 años y, según el INC, sigue el compromiso de desalojar a los invasores que se niegan a salir de las zonas que ocupan con casas y negocios. El caso está en manos del Poder Judicial.
armatambo. Este sitio arqueológico ubicado en Chorrillos ha sufrido tanto daño que el INC ha tenido que quitarle la condición de patrimonio cultural.
Investigaciones de la PNP y el MP son superficiales
Según Blanca Alva, las investigaciones que realiza el Ministerio Público (MP) conjuntamente con la Policía son, con frecuencia, superficiales, por lo cual pocas veces se identifica plenamente a los infractores.
La desordenada expansión urbana de Lima a partir de los años 60, y especialmente entre 1970 y 1980, motivó la destrucción total o parcial de muchos sitios arqueológicos. Inclusive, aquellos que parecen relativamente en buen estado en su mejor momento abarcaban una extensión mucho mayor de la que hoy podemos ver. Algunas de estas invasiones son antiguas, como Garagay y Mateo Salado, donde hay casas de material noble.
El INC ha establecido un sistema de retén, de manera que técnicos de las áreas que participan en estos casos están permanentemente en alerta para acudir a cualquier emergencia (intento de invasión) que se presente, tanto durante la jornada laboral como fuera del horario de oficina. (Fuente : La República)
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