05 octubre, 2009

PRONUNCIAMIENTO DE LA NACIÓN AL ESTADO

PRONUNCIAMIENTO DE LA NACIÓN AL ESTADO

El Perú es reconocido universalmente como uno de los países con mayor patrimonio cultural en el mundo. Además del celebrado prestigio de su folklore y gastronomía, sus monumentos arqueológicos e históricos son admirados en todo el orbe, y testifican ante la humanidad que este país ha sido, sucesivamente, uno de los siete focos civilizatorios del planeta, la sede de uno de los más admirables imperios del mundo y la fastuosa capital de un virreynato que abarcó todo América del Sur.

Las Líneas de Nazca, Kuélap, Macchu Picchu y el Centro Histórico de Lima son sólo la punta del iceberg de un conjunto patrimonial que los peruanos aún no conocemos ni aprovechamos sosteniblemente. La utilidad de éste para el desarrollo del Perú es crucial, no siendo simplemente un recurso turístico sino educativo, paisajístico (a través de la puesta en valor del sitio) y sobre todo creador de valores de identidad colectiva, muy necesarios en un país tan dividido como el nuestro. Sin embargo, debemos recalcar que la cultura debe ser adecuadamente gestionada ya que es un recurso no renovable, es decir que una vez destruido no es posible recuperarlo.

No obstante, en los últimos días el Gobierno ha emprendido una serie de iniciativas legislativas que resultan dañinas para nuestro Patrimonio Cultural:

El Decreto Supremo 009 – 2009, que establece el silencio administrativo positivo para el Instituto Nacional de Cultura (INC). Esto significa que si dentro de un plazo determinado no hay un pronunciamiento de esta institución con respecto a un trámite para una obra en las inmediaciones de una zona arqueológica, se da por otorgado el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. Ello es aberrante, pues el mencionado decreto supremo señala plazos administrativos expeditivos, pero no los compensa con medidas conformes a su obligación de proteger los monumentos arqueológicos e históricos. Ello implica que una “demora administrativa” no resultará en una sanción contra la ineficiencia administrativa (como debiera ser), sino en la destrucción del monumento. Además este decreto señala que los Proyectos de Inversión Pública sólo requerirán monitoreo y supervisión de arqueólogos, mas no de trabajos de excavación previos que puedan determinar la existencia de evidencias arqueológicas y replantear las obras públicas de acuerdo a ello.

El proyecto de Ley Nº 3464, que delega al Congreso la declaración de los monumentos arqueológicos e históricos del Patrimonio Cultural de la Nación, atribución que es propia del INC. Es decir dicho proyecto de ley recorta facultades al INC y otorga a una entidad política como el Congreso una responsabilidad técnica especializada que no es de su competencia.

En un afán improvisado y desesperado por facilitar la inversión en infraestructura pública y privada, el decreto y el proyecto de ley mencionados parten de dos razonamientos falaces y condenables:

  • Primero, que el Patrimonio Cultural es enemigo del desarrollo. El Patrimonio Cultural no es visto como un recurso económico rentable ni es parte de alguna política cultural de largo plazo. Se le considera como una traba para la inversión, o como (literalmente lo dice el proyecto de Ley Nº 3464) “oneroso” o “ineficiente” por sí mismo.

  • Segundo, que ante las limitaciones de la institución encargada de proteger al patrimonio (el INC) se opta por quitarle atribuciones y se le asfixia, en vez de buscar su repotenciamiento técnico, económico y logístico para hacerla más eficiente.

Es decir que ante el abandono en que se halla buena parte de nuestro Patrimonio Cultural, el Gobierno, paradójicamente, decide dejarlo aún más desprotegido y expuesto a la destrucción. Renuncia además a sus obligaciones constitucionales como Estado (Articulo 21º de la Constitución Política del Perú), y no acude a soluciones comprobadamente eficaces en otros países como son:

- Integrar políticas culturales a los planes de desarrollo nacional, las cuales estén vinculadas al conjunto de planes gubernamentales de los ministerios y gobiernos locales.

- Incentivos tributarios a las empresas privadas que inviertan en la recuperación de sitios arqueológicos e históricos.

- Incluir a los monumentos arqueológicos e históricos en los planes de desarrollo urbano y de expansión de la frontera agrícola como un valor agregado.

- En relación a lo anterior, incentivar en los gobiernos locales para que estos desarrollen proyectos de investigación, conservación y puesta en valor de los monumentos arqueológicos e históricos localizados en su jurisdicción.

- Convertir los monumentos y paisajes culturales en espacios de encuentro ciudadano con su cultura y en laboratorios educativos in situ para las futuras generaciones.

La información obtenida en muchos países ha servido para demostrar que la cultura no es una actividad insolvente sino que, por el contrario, puede representar un proyecto económico, a la vez que ha sustentado que una intervención estatal más decidida e involucrada con la cultura.

Por lo tanto, debido a esta situación de amenaza al Patrimonio Cultural de todos los peruanos, los abajo firmantes acordamos:

1) Adherirnos libre y voluntariamente a la carta elaborada y presentada por un grupo de profesionales como el Dr. Luís Guillermo Lumbreras, en contra de esta legislación lesiva a la cultura.

2) Exigir la modificatoria del DS Nº 009 – 2009-ED y Resolución Directoral Nº 1207/INC de fecha 20.08.2009, con disposiciones complementarias que garanticen la protección irrestricta al patrimonio arqueológico e histórico. Dichas disposiciones deberán ser previamente consultadas con las instancias técnicas correspondientes.

3) Solicitar al Congreso no aprobar y archivar definitivamente el Proyecto de Ley Nº 3464.

4) Exigir al gobierno se integre dentro de la política de desarrollo la formulación de políticas culturales a largo plazo que estén vinculadas al conjunto de planes de los ministerios y gobiernos locales a fin de realizar una eficiente gestión del patrimonio cultural del Perú, acorde con las necesidades sociales y económicas; convocando para tal efecto a los profesionales y técnicos calificados (gestores culturales, arqueólogos, antropólogos, historiadores, arquitectos, etc.) y repotenciando a las instancias creadas para ello, como es el caso del INC.

5) Llamar a todos los colectivos y organizaciones de la cultura en el Perú a realizar actividades descentralizadas y a unírsenos este viernes en defensa de la cultura en un plantón descentralizado y pasacalle denominado “La Cultura es Desarrollo” a realizarse el viernes 02 de Octubre, en el Parque Universitario (frente a la Casona de San Marcos) a las 12:00.

6) Coordinar con las instancias respectivas a fin de comunicar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la preocupante iniciativa del gobierno en promulgar normas y leyes que atentan en contra del patrimonio cultural del Perú.

Lima, 28 de Setiembre del 2009

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